Superintendencia de Salud realizó Seminario de Entidades Acreditadoras con participación del Instituto de Salud Pública

La Superintendencia de Salud organizó este viernes 25 de septiembre el Seminario de Entidades Acreditadoras, actividad realizada en el auditorio de la Contraloría General de la República y encabezada por el Superintendente de Salud, Fernando Riveros Vidal, junto a la Intendenta de Prestadores de Salud (S), Jeannette González Moreira. A la jornada fue invitado el Instituto de Salud Pública (ISP), cuyos profesionales expusieron junto a jefaturas de la Intendencia de Prestadores ante representantes legales, directoras y directores técnicos y evaluadores de las 41 entidades que acreditan a los prestadores institucionales de salud del país, tanto públicos como privados.

La acreditación es el mecanismo con que el Estado constata que hospitales, clínicas y centros de salud cumplen estándares mínimos de calidad y seguridad en la atención de sus pacientes. Quienes evalúan ese cumplimiento son justamente las Entidades Acreditadoras, así que la forma en que se supervisa su trabajo termina incidiendo en la confianza que las personas depositan en la red de salud.

En este sistema, cada institución cumple una función distinta: el Ministerio de Salud define la normativa, la Superintendencia de Salud gestiona el sistema y, junto al ISP, fiscaliza su funcionamiento, y las Entidades Acreditadoras son las encargadas de evaluar en terreno a los prestadores que piden acreditarse. Esa evaluación debe hacerse con objetividad y rigor técnico, siguiendo el principio de razonabilidad y las orientaciones que entrega la Intendencia de Prestadores —o el propio ISP, cuando se trata de laboratorios clínicos, organismo que además fiscaliza a las entidades que los evalúan.

En el primer bloque de contenidos, la Jefa (S) del Subdepartamento de Fiscalización en Calidad de la Intendencia de Prestadores, Sandra Aguilera Godoy, expuso el nuevo modelo de fiscalización de informes de acreditación y repasó cómo ha madurado el sistema en más de una década: en 2010 solo 12 prestadores institucionales estaban acreditados, cifra que llegó a 971 al cierre del primer semestre de este año. En el mismo período, los procesos resueltos crecieron un 78% —de 77 a 137 casos entre el primer semestre de 2025 y el primer semestre de 2026— y el tiempo promedio de tramitación cayó un 33%, de 101 a 68 días hábiles.

En un segundo bloque, la Jefa de la Sección de Fiscalización de Laboratorios Clínicos del ISP, Marisol Martínez Vilugrón, detalló el rol que cumple el Instituto en la revisión de las Entidades Acreditadoras desde 2013. En trece años se han realizado 464 fiscalizaciones y un 90% de las 41 entidades autorizadas ha sido evaluada al menos una vez. Solo entre 2025 y 2026 se revisaron 24 procesos de acreditación, un ejercicio detallado que permitió identificar los puntos donde más se repiten las observaciones —principalmente en el control de calidad de los exámenes y en el mantenimiento preventivo de las instalaciones— y que sirve de base para seguir afinando los criterios de evaluación. Esta mayor exhaustividad ha ido de la mano de procesos más rápidos: el promedio de tramitación bajó a 21 días, un 47% menos que el máximo permitido.

El cierre de contenidos estuvo a cargo de Leonardo Jiménez Quiroz, analista de la Unidad de Gestión en Acreditación de la Intendencia de Prestadores, quien repasó las circulares interpretativas y orientaciones técnicas vigentes para las Entidades Acreditadoras: ajustes sobre manejo del dolor agudo, infecciones asociadas a la atención de salud, trazabilidad de biopsias, gestión documental y evaluación de indicadores, entre otros. También abordó cómo deben verificar la ficha clínica única de cada prestador, un punto que toca de cerca a las personas, porque de eso depende que su información de salud quede completa y bien resguardada.

La jornada cerró con un conversatorio de 45 minutos para resolver las consultas de las entidades asistentes. Ahí surgieron los desafíos que todavía quedan pendientes: unificar criterios entre las instituciones fiscalizadoras, mirar el proceso de acreditación de manera conjunta y no perder rigor técnico pese a la reducción de los plazos. La Superintendencia de Salud reafirmó su compromiso de seguir trabajando por perfeccionar la acreditación de los prestadores institucionales, un trabajo que apunta, en el fondo, a que l atención de salud en el país —pública y privada— sea cada vez más segura y de mejor calidad.