La Comisión de Salud del Senado aprobó por unanimidad en general el proyecto de ley que otorga nuevas facultades a la Superintendencia de Salud para proteger los derechos de los pacientes. La iniciativa (Boletín 17397-11), que ahora avanza a votación en la sala del Senado, incorpora herramientas como el arbitraje de conflictos, mayor transparencia y sanciones más efectivas.

En la sesión participaron la Ministra de Salud, Dra. Ximena Aguilera, y el Superintendente de Salud, Dr. Víctor Torres, quienes expusieron los alcances y fundamentos del proyecto. También presentaron sus visiones la ex subsecretaria de Salud Dra. Paula Daza y el ex Superintendente de Salud Dr. Manuel Inostroza, aportando perspectivas técnicas desde su experiencia en la implementación de la normativa vigente.

La senadora Ximena Órdenes y los senadores Iván Flores, Francisco Chahuán, Juan Luis Castro y Sergio Gahona respaldaron unánimemente el proyecto y destacaron la importancia de que el Gobierno le otorgue urgencia inmediata a esta iniciativa que fortalece la protección de las y los pacientes.

El voto unánime refleja el consenso transversal sobre la necesidad de fortalecer la protección de las usuarias y usuarios del sistema de salud, tras más de 13 años de experiencia implementando la Ley de Derechos y Deberes.

El Superintendente Torres destacó que «este proyecto responde a necesidades concretas identificadas en más de 13 años de experiencia aplicando la Ley de Derechos y Deberes. Necesitamos herramientas más efectivas para proteger a las usuarias y usuarios, especialmente para aquellas personas que no cuentan con recursos para acceder a tribunales».

 Brechas que busca cerrar

La iniciativa surge tras identificar limitaciones importantes que restringen la capacidad de la Superintendencia para proteger efectivamente a las personas usuarias:

Falta de información: Las y los pacientes no tienen acceso fácil a datos sobre precios, calidad de atención, experiencia de otras personas usuarias o sanciones aplicadas a prestadores. Esta asimetría dificulta tomar decisiones informadas al momento de elegir dónde atenderse.

Conflictos sin salida: Cuando surge un problema entre un paciente y un prestador, la única vía disponible es acudir a tribunales, alternativa que sólo quienes tienen recursos pueden costear. Esto profundiza las inequidades en el acceso a la justicia.

Sanciones poco disuasivas: Las multas actuales son insuficientes y no logran modificar conductas de prestadores que incumplen la ley. Para los prestadores públicos, además, sólo existe el sumario administrativo como sanción.

Respuestas lentas: La institucionalidad actual carece de procedimientos suficientemente ágiles para dar respuestas oportunas a las demandas ciudadanas.

Principales novedades del proyecto:

 Arbitraje de conflictos: una alternativa a los tribunales

La gran novedad es que la Superintendencia podrá arbitrar controversias entre prestadores y pacientes, resolviendo casos concretos con criterios de prudencia y equidad. Actualmente esta facultad sólo existe para conflictos con aseguradores (Isapres y Fonasa), pero no con hospitales, clínicas o consultorios.

Esta nueva atribución permitirá descongestionar los tribunales ordinarios de justicia y resolver estas materias en una institución especializada en salud, con conocimiento técnico específico del sector y procedimientos más expeditos.

«El arbitraje permitirá respuestas más oportunas y justas ante conflictos con prestadores», destacó Torres ante las senadoras y senadores.

Registro público de prestadores sancionados

Se creará un registro de acceso público donde cualquier persona podrá consultar qué prestadores han sido sancionados, por qué motivo y con qué multas. La medida busca aumentar la transparencia del sistema y empoderar a las personas usuarias en sus decisiones.

Más información para las personas usuarias

Los prestadores deberán entregar información validada sobre sus precios, carteras de prestaciones, indicadores de calidad, resultados clínicos y experiencia de usuarias y usuarios.

«Buscamos que las personas tengan la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre su salud, algo que hoy no es posible debido a la falta de transparencia en el sistema», enfatizó el Superintendente Torres.

Multas más altas y efectivas

El régimen sancionatorio se fortalecerá con multas significativamente mayores y criterios claros de gravedad. Se establecen sanciones específicas para prestadores que no informen a las y los pacientes que son beneficiarios GES, no notifiquen oportunamente casos de urgencia vital o secuela funcional grave, o incumplan estándares de calidad acreditados.

 Mayor alcance fiscalizador

La Superintendencia podrá fiscalizar no sólo a prestadores institucionales directos, sino también a cualquier entidad relacionada con el otorgamiento de prestaciones o la gestión de pagos. Además, se incorporan las y los prestadores individuales (médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, etc.) al sistema de reclamos, ampliando significativamente el alcance de protección.

Consejo Asesor permanente

Se crea un órgano colegiado que fortalecerá la gobernanza institucional, permitiendo el diseño de políticas de largo plazo y reduciendo riesgos de captura por grupos de interés o influencias de ciclos electorales.

 Más plazo para reclamar

Las personas usuarias tendrán más tiempo para presentar reclamos ante la Superintendencia, facilitando el ejercicio efectivo de este derecho, especialmente para quienes enfrentan situaciones complejas de salud.

Cambios en acreditación de calidad

El proyecto también modifica los requisitos para las entidades que acreditan calidad en salud y establece nuevas sanciones ante incumplimientos, fortaleciendo la confiabilidad del sistema de acreditación.

¿Qué leyes se modifican?

La iniciativa introduce cambios en cuatro cuerpos legales fundamentales: D.F.L. N°1, de 2005 (que crea la Superintendencia de Salud), Ley N°20.584 (Derechos y Deberes de las Personas en Salud), Ley N°19.966 (GES) y Ley N°20.850 (Ricarte Soto).

 Los próximos pasos

Tras la aprobación unánime en la Comisión de Salud, el proyecto será votado en general en la sala del Senado durante la primera semana legislativa de enero de 2026.

La diversidad de expositores, que incluyó a autoridades actuales y anteriores de distintos sectores políticos, reflejó el amplio respaldo técnico y político que ha logrado esta iniciativa.

La Comisión fue enfática al solicitar al Ejecutivo que otorgue urgencia inmediata al proyecto, dada su relevancia para la protección de los derechos de las y los pacientes en todo el país. Los parlamentarios valoraron el consenso transversal alcanzado y destacaron que se trata de una iniciativa que responde directamente a necesidades ciudadanas concretas en materia de acceso a la justicia y transparencia en salud.